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En GR Asesores entendemos las preocupación en términos del pago de la renta de alquiler. Con motivo de los percances al momento de solventar deudas en materia de arrendamiento, el Gobierno se ha propuesto prestar una ayuda. Es decir, existirá un auxilio para las personas que «tengan problemas transitorios para atender al pago parcial o total del alquiler». Nuestros abogados especialistas en derecho mercantil te traen toda la información necesaria.

Abogados en derecho mercantil: ¿Quienes podrán acceder a esta ayuda?

Estas medidas tienen la intención de proveer ayuda a los ciudadano que «que acrediten estar en situación de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del Coronavirus (COVID-19)». No obstante, cabría preguntarse, ¿quienes pueden acceder a esta acreditación? Aquí te las nombramos:

  • Las personas con graves problemas de liquidez y falta de ingresos.
  • Aquéllas que son víctimas de violencia de género.
  • Personas afectadas por una situación de desahucio de su vivienda habitual.
  • Personas sin hogar.
  • Otras personas especialmente vulnerables.

Dificultad económica – ¿Qué implica?

Por supuesto, es propable que no haya quedado tan claro quienes son las personas que están en situación de vulnerabilidad económica; permítenos extendernos:

¿Qué se entiende por vulnerabilidad económica?

En lo que concierne a las personas en situación de precariedad o dificultad económica, se asume un antecedente de desempleo. El desempleo debe constatarse a través de un Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE). En cambio, para los empresarios, se debe demostrar el haber reducido su jornada por motivo de cuidados y, con carácter general, una pérdida notable de sus ingresos debido a la situación provocada por la pandemia.

¿Cómo acreditar situación de vulnerabilidad económica? – Optar por la ayuda

Mayoritariamente, en el caso de desempleo, tendrá que mostrar el certificado de trabajo expedido por la entidad gestora de la prestación. En el caso de los empresarios, se amerita un certificado expedido por la  Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Es decir, debe corroborarse el cese de las actividades comerciales.

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