201611.04
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El Tribunal Constitucional en pleno, reviso y analizó el recurso que ejerció el Gobierno de la Nación, en contra del Decreto-ley de Cataluña 6/2013, de fecha 23 de diciembre, que modifica la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña, en virtud, que la reforma implanta un impedimento de corte para las compañías que suministran los servicios públicos de agua, electricidad y gas doméstico, derivado del impago por parte del usuario vulnerable económicamente.

Se recurre por usurpación de competencias de los legisladores catalanes

Considerando que la previsión mencionada invade la competencia estatal básica para regular el régimen energético y contraviene la legislación estatal – nacional, que cuenta con el modelo de protección de los consumidores vulnerables, a través, de la financiación de un % del precio del servicio. Siendo además, esta materia competencia de regulación nacional más no estadal.

Seguimiento de la normativa europea

La reforma a la referida ley, se produce en virtud de, la directiva europea (2009/72/CE y 2009/73/CE), que impone a los Estados miembros, la adopción de medidas que protejan a los consumidores vulnerables, fijando obligaciones a las empresas prestadoras del servicio.

Decisión plasmada en la sentencia sobre el Código de Consumo de Cataluña

La mayor parte de los Magistrados consideran que, ambas medidas protectoras al consumidor vulnerable, ya sea, la dictada por el Gobierno Nacional relativa al financiamiento de pago o la establecida en Cataluña, sobre la prohibición de corte por impago de los servicios públicos por parte del consumidor vulnerable económicamente son plenamente legítimas, pero, la protección de que dicta el Gobierno Nacional, es una regulación que debe proyectarse sobre todo el territorio nacional y además la medida estadal afecta globalmente la economía de los prestadores del servicio.

Por lo que, el legislador catalán debió optar por la implementación de medidas asistenciales que eviten el corte por impago y no medidas que obliguen la continuación del suministro frente a la falta de pago del consumidor, creando así, un nuevo diseño de protección al consumidor vulnerable, que se opone a la regulación básica Nacional, lo que lo hace anulable la reforma al referido Código.

La anulación de la protección prevista en el Código de Consumo de Cataluña, se hace de forma parcial, ya que, hay votos y consideraciones de tres Magistrados que discrepan con la decisión tomada por el Tribunal Constitucional.

Imagen cortesía de república (republica,com), todos los derechos reservados.

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